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- Kiki
- trabajadora de la salud pública,operando desde las redes para la transformación y el cambio/operadora psicosocial/ maestranda en género, poder y sociedad/ Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida. Y el turbio azul de ser tres veces rebelde. Maria-Mercè MarÇal
1 dic 2012
mujer del mediterraneo: Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satis...
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19 nov 2012
9 ago 2012
15 feb 2012
19 dic 2011
la Presidenta envia al Parlamento un proyecto de ley requerido por la mayor agrupación de corporaciones financieras del mundo, el Grupo de Acción Fina
ALERTA
Mañana podemos ser nosotras: Que no nos amordacen!
Desde INSGENAR – Instituto de Género, Derecho y desarrollo- expresamos nuestra preocupación ante el nuevo proyecto de ley “antiterrorista” enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de octubre de 2011.
A poco de asumido su segundo mandato presidencial y luego de prometer que no sería presionada por las corporaciones, la Presidenta envia al Parlamento un proyecto de ley requerido por la mayor agrupación de corporaciones financieras del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo exige como requisito para que Argentina sea declarada “país confiable”. Por qué querrían las multinacionales que se dicte esa ley? Es evidente que para impedir reclamos laborales, sociales, medioambientales y otros muchos que podrían surgir. A las corporaciones les conviene una ciudadanía domesticada.
El proyecto, agrava las reformas anteriores que introducían estas figuras en el Código Penal, por la ley 26.268 del año 2007, (también por presión del GAFI), duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de "obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla" .
No se pueden crear delitos con figuras imprecisas, vagas, como la de “aterrorizar”, ni crear instrumentos que servirán para la criminalización de la protesta y encarcelamiento de representantes de los movimientos sociales que levanten la voz.
Aunque el proyecto aclare que el agravante no se aplicará en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, esto no garantiza que no se persiga, amenace o encarcele a activistas, lo que desanimaría la protesta. Debido a la forma en que está redactada la ley, se invierte la carga de la prueba y serán las personas acusadas las que deberán probar en juicio que no son terroristas.
Las muertes de mujeres que están ocurriendo en el país no obedecen a acciones terroristas, sino a otro tipo de violencia que aún no se previene debido a incorrectos paradigmas de seguridad donde la integridad física de las mujeres está excluida . Por otro lado, desde el movimiento de mujeres, hemos realizado, a nivel individual o a través de grupos, numerosas acciones destinadas a “obligar al gobierno a adoptar una decisión - para prevenir la violencia de género, para garantizar nuestros derechos reproductivos y sexuales, etc.- o abstenerse de tomarla” O sea, podríamos, con una interpretación rígida de la ley, ser consideradas terroristas, al igual que cientos y miles de militantes sociales que reclaman por sus derechos, ya que precisamente ese tipo de acciones serán gravemente castigadas con cárcel en caso que se apruebe esta ley.
Sra. Presidenta: La ciudadanía argentina es activa, reclama por sus derechos y no permite ataques a su dignidad y eso incluye a quienes militamos en el Movimiento de mujeres. Las leyes perduran en el tiempo y pueden ser aplicadas de maneras muy perversas. No se deben crear mecanismos que censuren a la ciudadanía.
Sres y Sras.Legisladores: Los votamos para que representen al pueblo y dicten leyes que garanticen sus derechos: seguramente no será ésta una de esas leyes.
Alertamos a integrantes de movimientos sociales para que rechacen enérgicamente la sanción de este proyecto.
Mañana podemos ser nosotras: Que no nos amordacen!
Desde INSGENAR – Instituto de Género, Derecho y desarrollo- expresamos nuestra preocupación ante el nuevo proyecto de ley “antiterrorista” enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de octubre de 2011.
A poco de asumido su segundo mandato presidencial y luego de prometer que no sería presionada por las corporaciones, la Presidenta envia al Parlamento un proyecto de ley requerido por la mayor agrupación de corporaciones financieras del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo exige como requisito para que Argentina sea declarada “país confiable”. Por qué querrían las multinacionales que se dicte esa ley? Es evidente que para impedir reclamos laborales, sociales, medioambientales y otros muchos que podrían surgir. A las corporaciones les conviene una ciudadanía domesticada.
El proyecto, agrava las reformas anteriores que introducían estas figuras en el Código Penal, por la ley 26.268 del año 2007, (también por presión del GAFI), duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de "obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla" .
No se pueden crear delitos con figuras imprecisas, vagas, como la de “aterrorizar”, ni crear instrumentos que servirán para la criminalización de la protesta y encarcelamiento de representantes de los movimientos sociales que levanten la voz.
Aunque el proyecto aclare que el agravante no se aplicará en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, esto no garantiza que no se persiga, amenace o encarcele a activistas, lo que desanimaría la protesta. Debido a la forma en que está redactada la ley, se invierte la carga de la prueba y serán las personas acusadas las que deberán probar en juicio que no son terroristas.
Las muertes de mujeres que están ocurriendo en el país no obedecen a acciones terroristas, sino a otro tipo de violencia que aún no se previene debido a incorrectos paradigmas de seguridad donde la integridad física de las mujeres está excluida . Por otro lado, desde el movimiento de mujeres, hemos realizado, a nivel individual o a través de grupos, numerosas acciones destinadas a “obligar al gobierno a adoptar una decisión - para prevenir la violencia de género, para garantizar nuestros derechos reproductivos y sexuales, etc.- o abstenerse de tomarla” O sea, podríamos, con una interpretación rígida de la ley, ser consideradas terroristas, al igual que cientos y miles de militantes sociales que reclaman por sus derechos, ya que precisamente ese tipo de acciones serán gravemente castigadas con cárcel en caso que se apruebe esta ley.
Sra. Presidenta: La ciudadanía argentina es activa, reclama por sus derechos y no permite ataques a su dignidad y eso incluye a quienes militamos en el Movimiento de mujeres. Las leyes perduran en el tiempo y pueden ser aplicadas de maneras muy perversas. No se deben crear mecanismos que censuren a la ciudadanía.
Sres y Sras.Legisladores: Los votamos para que representen al pueblo y dicten leyes que garanticen sus derechos: seguramente no será ésta una de esas leyes.
Alertamos a integrantes de movimientos sociales para que rechacen enérgicamente la sanción de este proyecto.
13 dic 2011
La naturaleza tiene derechos, dice ley promulgada en Bolivia
Por Javier Merizalde
6 de diciembre 2011 11:40 AM EST
Vincular a
Activistas del medio ambiente, tomen nota: Bolivia está por convertirse en el primer país en la historia de la humanidad en pasar una ley que le confiere a la naturaleza derechos que la ponen a la par con el ser humano. Tal medida establece un nuevo precedente en las relaciones entre nuestra civilización industrial y el sistema matriz que la sustenta, y promete tener repercusiones en las leyes ambientales de otros países, como alegó el activista canadiense Maude Barlow.
Lo que es particularmente novedoso--y no menos sorprendente--es la re-contextualización de las relaciones humanas con el resto de la naturaleza; relación que hasta ahora había sido considerada exclusivamente desde el punto de vista humano, con un modelo industrial que es relativamente parasítico, tanto de facto como de jure.
La ley de Morales le confiere a la naturaleza el derecho a la vida y a la subsistencia; el derecho a llevar a cabo sus ciclos naturales libres de la intervención desmedida del ser humano. También incluye previsiones en contra la manipulación genética y la polución, además de abrogar ciertos proyectos de infraestructura con el potencial de alterar ecosistemas.
Todo esto está propuesto bajo el marco de un nuevo concepto de naturaleza en el ámbito jurídico; la naturaleza es mas una bendición que simplemente un bien o materia prima.
La postura del presidente Boliviano Evo Morales en cuanto a la conservación del medio ambiente es conocida, y desde sus inicios como defensor de los plantadores de hoja de coca, ha intentado modelar su política en conjunción con sus valores indígenas que incluyen el respeto a la madre naturaleza.
Esta ley ocurre en un momento cuando existe una preocupación general por la desaparición de los glaciares Andinos en Bolivia debido al calentamiento mundial, y cuando Bolivia enfrenta una pobreza que en gran parte no puede dispensar de los futuros beneficios que las industrias, tanto la minera como la de litio, pueden representar para el futuro económico de la nación.
Sin embargo es de admirar que sorteando las conveniencias de momento, Bolivia haya afrontado la cuestión filosófica del impacto humano en el equilibrio de la naturaleza, y establecido directrices para un nuevo tipo de sociedad más responsable y consciente de su impacto ambiental. Esto fuerza a las instituciones y al ingenio humano a orientar la tecnología por un camino más sostenible e interdependiente.
Y aunque no creo que llegue el día cuando en Bolivia nos darán un ticket por arrancar una flor en un parque, sí habrá rigor contra aquellos que ven al planeta solamente como un producto, y quienes de ser por ellos, ya habrían cotizado al aire, al sol y a los océanos en la bolsa. O al planeta.
6 de diciembre 2011 11:40 AM EST
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Activistas del medio ambiente, tomen nota: Bolivia está por convertirse en el primer país en la historia de la humanidad en pasar una ley que le confiere a la naturaleza derechos que la ponen a la par con el ser humano. Tal medida establece un nuevo precedente en las relaciones entre nuestra civilización industrial y el sistema matriz que la sustenta, y promete tener repercusiones en las leyes ambientales de otros países, como alegó el activista canadiense Maude Barlow.
Lo que es particularmente novedoso--y no menos sorprendente--es la re-contextualización de las relaciones humanas con el resto de la naturaleza; relación que hasta ahora había sido considerada exclusivamente desde el punto de vista humano, con un modelo industrial que es relativamente parasítico, tanto de facto como de jure.
La ley de Morales le confiere a la naturaleza el derecho a la vida y a la subsistencia; el derecho a llevar a cabo sus ciclos naturales libres de la intervención desmedida del ser humano. También incluye previsiones en contra la manipulación genética y la polución, además de abrogar ciertos proyectos de infraestructura con el potencial de alterar ecosistemas.
Todo esto está propuesto bajo el marco de un nuevo concepto de naturaleza en el ámbito jurídico; la naturaleza es mas una bendición que simplemente un bien o materia prima.
La postura del presidente Boliviano Evo Morales en cuanto a la conservación del medio ambiente es conocida, y desde sus inicios como defensor de los plantadores de hoja de coca, ha intentado modelar su política en conjunción con sus valores indígenas que incluyen el respeto a la madre naturaleza.
Esta ley ocurre en un momento cuando existe una preocupación general por la desaparición de los glaciares Andinos en Bolivia debido al calentamiento mundial, y cuando Bolivia enfrenta una pobreza que en gran parte no puede dispensar de los futuros beneficios que las industrias, tanto la minera como la de litio, pueden representar para el futuro económico de la nación.
Sin embargo es de admirar que sorteando las conveniencias de momento, Bolivia haya afrontado la cuestión filosófica del impacto humano en el equilibrio de la naturaleza, y establecido directrices para un nuevo tipo de sociedad más responsable y consciente de su impacto ambiental. Esto fuerza a las instituciones y al ingenio humano a orientar la tecnología por un camino más sostenible e interdependiente.
Y aunque no creo que llegue el día cuando en Bolivia nos darán un ticket por arrancar una flor en un parque, sí habrá rigor contra aquellos que ven al planeta solamente como un producto, y quienes de ser por ellos, ya habrían cotizado al aire, al sol y a los océanos en la bolsa. O al planeta.
8 dic 2011
GRIETAS EN EL SILENCIO
Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado.
La violencia sexual a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de estado que
operó en Argentina ha sido silenciada por muchas de ellas y, fundamentalmente,por el
sistema de justicia que no investigó ni sancionó esa forma específica de violencia,con
claras connotaciones de género. Esta investigación se propone romper el silencio
institucional y social que ha envuelto a estos delitos,con el propósito que sean
considerados delitos autónomos de lesa humanidad y parte integrante del plan de
represión clandestina y de exterminio. El Estado y la Sociedad en su conjunto aún
tienen una deuda pendiente con las víctimas. Entre las fuentes de esta investigación
se incluyen dieciocho entrevistas a sobrevivientes que padecieron crímenes sexuales
o fueron testigos directos de ellos.
La violencia sexual a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de estado que
operó en Argentina ha sido silenciada por muchas de ellas y, fundamentalmente,por el
sistema de justicia que no investigó ni sancionó esa forma específica de violencia,con
claras connotaciones de género. Esta investigación se propone romper el silencio
institucional y social que ha envuelto a estos delitos,con el propósito que sean
considerados delitos autónomos de lesa humanidad y parte integrante del plan de
represión clandestina y de exterminio. El Estado y la Sociedad en su conjunto aún
tienen una deuda pendiente con las víctimas. Entre las fuentes de esta investigación
se incluyen dieciocho entrevistas a sobrevivientes que padecieron crímenes sexuales
o fueron testigos directos de ellos.
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