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trabajadora de la salud pública,operando desde las redes para la transformación y el cambio/operadora psicosocial/ maestranda en género, poder y sociedad/ Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida. Y el turbio azul de ser tres veces rebelde. Maria-Mercè MarÇal

19 dic 2011

la Presidenta envia al Parlamento un proyecto de ley requerido por la mayor agrupación de corporaciones financieras del mundo, el Grupo de Acción Fina

ALERTA

Mañana podemos ser nosotras: Que no nos amordacen!

Desde INSGENAR – Instituto de Género, Derecho y desarrollo- expresamos nuestra preocupación ante el nuevo proyecto de ley “antiterrorista” enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de octubre de 2011.

A poco de asumido su segundo mandato presidencial y luego de prometer que no sería presionada por las corporaciones, la Presidenta envia al Parlamento un proyecto de ley requerido por la mayor agrupación de corporaciones financieras del mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo exige como requisito para que Argentina sea declarada “país confiable”. Por qué querrían las multinacionales que se dicte esa ley? Es evidente que para impedir reclamos laborales, sociales, medioambientales y otros muchos que podrían surgir. A las corporaciones les conviene una ciudadanía domesticada.


El proyecto, agrava las reformas anteriores que introducían estas figuras en el Código Penal, por la ley 26.268 del año 2007, (también por presión del GAFI), duplicaría las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si se comete por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de "obligar a un gobierno a adoptar una decisión o abstenerse de tomarla" .

No se pueden crear delitos con figuras imprecisas, vagas, como la de “aterrorizar”, ni crear instrumentos que servirán para la criminalización de la protesta y encarcelamiento de representantes de los movimientos sociales que levanten la voz.

Aunque el proyecto aclare que el agravante no se aplicará en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, esto no garantiza que no se persiga, amenace o encarcele a activistas, lo que desanimaría la protesta. Debido a la forma en que está redactada la ley, se invierte la carga de la prueba y serán las personas acusadas las que deberán probar en juicio que no son terroristas.

Las muertes de mujeres que están ocurriendo en el país no obedecen a acciones terroristas, sino a otro tipo de violencia que aún no se previene debido a incorrectos paradigmas de seguridad donde la integridad física de las mujeres está excluida . Por otro lado, desde el movimiento de mujeres, hemos realizado, a nivel individual o a través de grupos, numerosas acciones destinadas a “obligar al gobierno a adoptar una decisión - para prevenir la violencia de género, para garantizar nuestros derechos reproductivos y sexuales, etc.- o abstenerse de tomarla” O sea, podríamos, con una interpretación rígida de la ley, ser consideradas terroristas, al igual que cientos y miles de militantes sociales que reclaman por sus derechos, ya que precisamente ese tipo de acciones serán gravemente castigadas con cárcel en caso que se apruebe esta ley.

Sra. Presidenta: La ciudadanía argentina es activa, reclama por sus derechos y no permite ataques a su dignidad y eso incluye a quienes militamos en el Movimiento de mujeres. Las leyes perduran en el tiempo y pueden ser aplicadas de maneras muy perversas. No se deben crear mecanismos que censuren a la ciudadanía.

Sres y Sras.Legisladores: Los votamos para que representen al pueblo y dicten leyes que garanticen sus derechos: seguramente no será ésta una de esas leyes.

Alertamos a integrantes de movimientos sociales para que rechacen enérgicamente la sanción de este proyecto.

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